Andy Storey, Attac Ireland / Working Group “Economic Governance”

Un fantasma atormenta Europa: el fantasma de la competitividad. Nuestros líderes nos dicen a menudo (y lo harán otra vez en la cumbre europea de diciembre) que debemos trabajar más y mucho más tiempo, por menos dinero, para ser más “competitivos”. Tenemos que reducir o renunciar a nuestra seguridad social, pensiones, seguros de desempleo y otros derechos que tanto esfuerzo costó conseguir en la “Europa Social” para ser más competitivos. Debemos ser más “flexibles”, lo que significa que para lograr este objetivo debemos sacrificar la estabilidad laboral por prácticas laborales más precarias y exigentes. Los gobiernos deben observar la “disciplina fiscal” en lugar de estimular la salida de la recesión, porque estas disciplinas nos hacen más “competitivos”. Los países europeos periféricos deben ceder su soberanía a la “Troika” para “recuperar competitividad”. Tenemos que firmar tratados de libre comercio como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (en inglés Transatlantic Trade and Investment Partnership: TTIP) con los Estados Unidos, porque eso nos hará más “competitivos”. No debemos “sobre-regular” el sector financiero, o imponer “excesivas” restricciones medioambientales sobre los negocios, porque hacerlo nos haría menos “competitivos”.
El dogma de la competitividad no resolverá la crisis actual de la Eurozona porque ha sido la presión sobre los salarios (y por ende, sobre la demanda) y sobre las inversiones gubernamentales lo que ha encerrado a las economías europeas en una espiral de declive. Fundamentalmente, éste este discurso habla sobre aumentar los beneficios empresariales a costa del bienestar de la masa de las poblaciones europeas y del desgaste medioambiental. Tenemos la opción de repartir el trabajo y el beneficio de manera más equitativa para que todo el mundo tenga acceso a un salario decente y a un trabajo satisfactorio, así como a servicios públicos de alta calidad. Pero hacerlo requiere que redistribuyamos el beneficio lejos del capital financiero y del beneficio empresarial en general y lo canalicemos hacia la masa de población, hacia los servicios públicos y la protección medioambiental.

El verdadero orden del día detrás de ésta esta charla sobre “competitividad” será evidente en la reunión del Consejo Europeo del 19 de diciembre, en la que se debatirá una nueva propuesta del Pacto por la Competitividad. Para ayudar a redactar este pacto, la canciller alemana Merkel invitó al presidente francés Hollande y al jefe de la comisión Barroso, a una reunión en Berlín en marzo de 2013 con otros quince miembros de la Mesa Redonda Europea de Industriales (en inglés: European Roundtable of Industrialists ERT), todos ellos directores ejecutivos de grandes Corporaciones; dos de ellos fueron invitados a dirigir un “grupo de trabajo sobre la competitividad”. El informe que ese grupo escribió exigía, entre otras cosas, reducción de impuestos, reducción (limitada) de regulaciones bancarias, mayor reducción de protecciones laborales, una promoción regulada de fusiones y absorciones, y privatizaciones. Como el Observatorio Europeo de Corporaciones (en inglés Corporate Europe Observatory) dice; “las demandas de la ERT parecen que no aspiran a más que a poner Europa a los pies de las grandes empresas”.

El Pacto por la Competitividad, si se adopta, constituirá otro acuerdo contractual entre estados miembros y la comisión – una especie de “Troika para todos” – que traerá la debilitación progresiva de las leyes laborales nacionales, presión sobre los salarios y más regulación “favorable a los negocios” al estilo de la ERT (o falta de regulación). Este último elemento incrementará la posibilidad de una nueva crisis económica en el futuro. Para evitar ésta crisis necesitamos más y no menos regulación, especialmente en el sector financiero. El pacto también presentará aún más reglas intrusivas y obligatorias sobre las políticas económicas de los estados miembros, construyendo el Tratado Fiscal y medidas relacionadas que servirán para reducir el control democrático sobre áreas vitales para el gobierno económico. (Mientras las intenciones ocultas de la competitividad se van imponiendo a través de cumbres europeas, tratados y pactos con la complicidad de los gobiernos de los estados miembros, quienes acusan a Bruselas afirmando que no hay alternativa a la agenda impuesta desde las instituciones europeas).

El Pacto por la Competitividad debe ser rechazado principalmente por tres razones. Primero, porque agravará la crisis económica europea hundiendo progresivamente la demanda doméstica y el gasto estatal cuando lo que se necesita desesperadamente en realidad son medidas de estímulo para la recuperación. Segundo, porque pondrá otro clavo en el ataúd de la democracia europea al apartar más herramientas de política económica de los gobiernos estatales y transferirlos a tecnócratas no electos. Y tercero, además de la agresiva imposición de la “competitividad” tan deseada, degradará aún más las condiciones en las que los europeos viven y trabajan, forzándonos a trabajar más horas por menos salario y en condiciones más precarias, mientras que recorta los servicios públicos de los que dependemos. Todo esto se hace en nombre de la “competitividad”, pero en realidad solo se trata de aumentar los beneficios de las grandes empresas a costa del derecho de la gente común a una vida digna.

Si te opones al Pacto por la Competitividad, considerándolo solo un elemento de una larga deificación de la llamada “competitividad” por favor, firma esta declaración y únete a nosotros en la lucha por una vida digna.

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